Lentamente va diluyéndose la espectacularidad con la que arrancó, en la primavera de 2018, la causa de los contratos truchos en la Legislatura, que según la última estimación de la Fiscalía supuso una operatoria de una «asociación ilícita» que distrajo fondos del Estado por un monto de $2.000 millones, cuyo destino se desconoce de momento.
