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  16 de abril de 2018
16/04/2018: La información al alcance de todos
La Doctora Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, dialogó con La Prensa en el marco de la publicación de su libro sobre la "Ley de Acceso a la información pública y Transparencia".


Mariana Badeni

A poco de haber cumplido los primeros seis meses desde que entró en vigencia, la Ley de Acceso a la información pública generó grandes expectativas en la ciudadanía debido a que garantiza el derecho de conocer e involucrarse en las decisiones políticas y públicas, como también de ejercer un control sobre los diferentes poderes del Estado.

Para conocer un poco el impacto que esta norma ha tenido en el país y sus alcances en las distintas dependencias del Estado, La Prensa dialogó con la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Marcela Basterra, quien recientemente publicó un libro sobre "Acceso a la información pública y transparencia".
- Hace poco se cumplieron seis meses de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la información pública en el país. ¿Cómo percibe que han sido los avances sobre el tema?¿ la falta de reglamentación de algunas partes de la Ley obstaculiza poder profundizar en algunos temas?.
- Mi perspectiva es buena porque la Argentina era uno de los cuatro países que, hasta el año 2016, no tenía Ley de Acceso a la Información Pública en América Latina. Cuando la Organización no gubernamental Transparencia Internacional en el año 2015 hizo un ranking de acceso a la información calificó a nuestro país con 32 puntos sobre 100 y lo colocó en el lugar 107. Hay que destacar que está directamente relacionado el acceso de la información con los niveles de corrupción. Entonces, cuando hace el ranking de los países más y menos corruptos colocando al país en ese lugar se vio que sólo era superada por Bolivia, Venezuela y Paraguay.
- Una situación que no nos dejaba bien parados...
No, para nada. En el año 2016 se sanciona la Ley y con el Decreto de Datos Abiertos se pasa del concepto de información pública como un concepto pasivo -en que el requirente pide a los diferentes organismos información y hay obligación de darla para cumplir con la publicidad de los actos de gobierno que es un principio constitucional y porque los funcionarios tenemos que rendir cuentas en forma permanente a la sociedad- a un concepto de transparencia activa y de datos abiertos, que es poner en la web o en un portal todo lo que no esta reservado o establecido como confidencialidad por una ley o norma específica.
- ¿Esto impactó en la siguiente medición de Transparencia Internacional?
Sí. Cuando hizo nuevamente la medición, la Argentina subió 12 lugares y se situó en el puesto 95. Y los resultados del 2017 muestran que conseguimos 39 puntos y estamos en el 85, es decir, mejoramos 22 lugares. Esto significa que en tanto tengamos elementos ya sea legales y un órgano de control, como es la Agencia de Acceso a la Información que ya tiene un director que es el Doctor Bertoni, mejorará la situación aún más. Porque lo que hace esa agencia es controlar a nivel nacional que cada uno de los ministerios, organismos centralizados y descentralizados cumplan con los pedidos de acceso a la información pública. Esto hará que se vaya generando una cultura de control que a larga traerá mayor nivel de transparencia. 
- Usted en su libro menciona cómo en la función de control que los distintos Poderes del Estado hacen recíprocamente no se había incluido la participación ciudadana. ¿Cómo será el papel de los ciudadanos en este tipo de control ahora que cuentan con esta Ley?.
-Entre las cuestiones que fueron determinantes para que salga una Ley de Acceso a la Información Pública, el accionar de las Ongs tuvo un papel muy importante. Todos los casos que hay contra los Gobiernos Nacionales, Ciudad Autónoma, provincias y en todos los niveles de descentralización como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siempre todos los cuestionamientos de pedido de acceso a la información se hacían desde distintas ONGs. Es decir, esto es un requerimiento de toda la sociedad. Porque si bien empezaron las ONGs y las asociaciones intermedias, lo cierto es que ahora hay una cultura ciudadana de hacer más pedidos de información. Por ejemplo, con la nueva ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que reforma a la Ley 104, está establecido que habrá un órgano de control de acceso a la información en el Ejecutivo, otro en el Legislativo y otro en el Poder Judicial. Nosotros dentro del Consejo de la Magistratura tenemos un Departamento de Acceso a la Información Pública que contesta los pedidos en la medida de nuestras posibilidades. También estamos trabajando desde el año pasado con el tema de Datos Abiertos y tenemos en el portal mucha información, resoluciones de presidencias y de plenarios, contrataciones, licitaciones, entre otros. Son una serie de datos que hace unos años atrás eran impensados tenerlos a la vista de todos y que hoy cualquier organismo que se precie de tener transparencia los está difundiendo o por lo menos se está trabajando mucho en eso. 
-¿Cómo concibe que debe ser la formación del ciudadano para que sea parte de la implementación de esta Ley de Acceso a la Información?.
Creo que como se fue educando a la sociedad en el uso de las redes sociales, que ya los millennials las manejan como expertos, pero también tiene que partir desde la voluntad de la autoridad gubernamental, de cualquier de los poderes, de poner todos los datos, su información, etc, mientras que no estén establecidos con confidencialidad o reserva. Es importante, a la vez formar a las nuevas generaciones. Así como los chicos aprenden computación, y están conectados, se está tratando de que haya una computadora por alumno para que sepan usarla; el día de mañana ya siendo adultos ciudadanos van a tener la posibilidad de acceder a los datos que necesiten.
-En algunas provincias surgieron manifestaciones de preocupación de parte de los funcionarios públicos porque alguno de sus datos personales se difundieran. ¿Percibe que este tipo de inquietud pueda obstaculizar el desarrollo de la transparencia?.
-Creo que en cierta manera son pequeños obstáculos que a veces surgen porque hay cierto temor o dudas a divulgar este tipo de información. Esto sucede simplemente porque no tenemos la cultura de difundir este tipo de datos y también por recelo a que se pueda hacer un uso político de ellos, desde cualquier lugar o momento, donde se tergiverse todo. Lo que se menciona de información personal es muy importante porque hay que hacer un equilibrio entre lo que se dice a la ciudadanía, que debe saber, es legal y es un principio constitucional que lo sepa, y la preservación de los datos personales del funcionario porque si no está comprometido el erario público o el dinero público eso pertenece al fuero de la intimidad. Es decir, que un funcionario público sea tal no significa que haya renunciado a su derecho de la intimidad. Lo que gana un funcionario o alguien que le paga el Estado no está comprendido, a mi entender, por el derecho de la intimidad. Deja de ser un dato sensible para pasar a ser un dato que la ciudadanía puede constatar cuanto es lo que gana un funcionario público, de qué manera se usa el dinero, etc.
-Usted menciona que el acceso a la información pública no es sólo un derecho individual sino que también es colectivo, ¿por qué concibe esto y por qué hay una diferencia?.
- En realidad, los derechos fundamentales o básicos no son más básicos o fundamentales que otros, todos son individuales y colectivos. Pero cuando un derecho tiene caracter colectivo es que trasciende el interés individual de las partes. El acceso a conocer la información de los actos de los gobernantes, no importa la fecha en que se produjeron los hechos o qué poder sea, y la posibilidad de controlar a dónde va el dinero público, cómo se utilizan las pautas publicitaria o cómo se dan los planes de ayuda social a la gente vulnerable es algo a lo que el ciudadano tiene derecho a conocer y es colectivo porque es un derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros.
-¿Cómo han avanzado ustedes en la implementación de esta norma? ¿En qué consiste el programa del "Expediente Judicial Electrónico"o EJE que funciona dentro de sus distintas dependencias para la gestión de trámites judiciales?.
- En nuestro sitio web cualquiera puede obtener la información de las distintas dependencias judiciales, sus teléfonos y quienes están a su cargo. Con respecto al Expediente Judicial Electrónico, nosotros en la Ciudad empezamos el año pasado con el tema de sacar los viejos expedientes históricos que se amontonaban y se cosían por un tema de ahorro de papel, celeridad, cuidado del medio ambiente, entre un sinfín de bondades que el sistema posee. Pero lo que es más importante es que a través del sistema de EJE no solamente quienes son actores del Poder Judicial pueden acceder al expediente sino que también nosotros ahora tenemos todos los tribunales contenciosos, administrativos y tributarios que son los 24 juzgados y las Cámaras con todas las salas. También están las Cámaras, con sus salas del Fuero Penal Contravencional y de Faltas, y hasta ahora tenemos 18 juzgados. Hemos avanzado mucho desde el año pasado hasta ahora que hemos implementado el sistema en los Tribunales de la ciudad y creemos que antes de fin de año terminaremos con toda la digitalización de los expedientes. Además, próximamente se va a poner una clave para que los mismos justiciables puedan entrar directamente no solamente para ver las causas, como ya lo hacen en la provincia de Buenos Aires, sino que también se podrá presentar escritos, ente otros. Son cosas en que se están avanzando y que generarán mejoras en el sistema.
- ¿Ve que ha llegado un cambio definitivo en el tratamiento de la información pública?
-Sí. Creo que se dio un cambio que vino para quedarse pero que no tiene que ver con una decisión de hoy para mañana. Creo que la sociedad estuvo requiriendo esto desde hace muchos años.

Los buscadores tendrán que tener un mecanismo para sacar datos íntimos de los usuarios


Preservar los datos en internet

 

Las redes sociales han difundido cualquier aspecto de la vida de cierta gente pero también con la aplicación de los desarrollos tecnológicos en los servicios que los gobiernos ofrecen a los ciudadanos, una cantidad importante de información comenzó a ser procesada en formato digital, lo que además de representar avances, también significó la aparición de riesgos de seguridad casi inherentes al uso de la tecnología.
Entre la gama de información que procesan estas instituciones podemos encontrar la que se relaciona con servicios tributarios y pago de impuestos, datos utilizados para la expedición de documentos oficiales, padrones electorales o información financiera, como ingresos, egresos o historiales crediticios.
Consultada sobre qué pasa cuando el ciudadano quiere preservar sus datos, por un tema de seguridad o intimidad, la Doctora Marcela Basterra fue categórica sobre la realidad actual en la materia. "Todavía no hay remedios jurídicos suficientes para hacer frente al avance que tienen las redes sociales de forma permanente. De hecho todo estos límites la ponen la Ley de Protección de Datos personales que en Argentina es la 25.326", enfatizó la abogada constitucionalista.
Luego agregó que "Esta norma, en base a los datos que tienen los gobiernos, dice que hay datos sensibles que pertenecen a la intimidad de las personas que no se pueden trata sin el consentimiento de cada uno. Pero la Ley dice que hay otros datos, que son comunes, que no se necesitan el consentimiento de las personas. Por ejemplo nombre, documento, domicilio, etcétera. En la mayoría de las legislaciones esta incluido también el correo electrónico". 
Por otra parte, en los últimos años llegaron hasta los tribunales pedidos de resguardo de la información personal que era publicada en las redes sociales."Todas las leyes de datos personales, que en el mundo se están reformando últimamente, están incorporando temas centrales como la responsabilidad de los buscadores de internet. Antes éstos decían que sólo los motores de búsqueda seleccionan la información y que ellos no podían ejercer la censura previa, lo que es verdad porque eso no lo pueden ejercer", destacó Basterra.
Luego agregó que "pero lo que ha dicho nuestra Corte Suprema de Argentina, en el caso María Belén Rodríguez, y el Tribunal Europeo, en el caso María Costeja González y otros, es que nadie va a permitir la censura previa, aunque los buscadores deben tener un mecanismo para que ante la solicitud de un dato que pueda implicar un daño o lesión a la intimidad, al honor y ordenen que ese dato se saque del motor de búsqueda. Tiene que tener un mecanismo para hacerlo".

 



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