Viernes 5 de Marzo de 2021

31.1°

EL CLIMA EN CONCORDIA

DIPUTADOS

3 de agosto de 2018

03/08/2018: Tres objeciones jurídicas contra el proyecto del aborto

GRANDES DEBATES DE LA ARGENTINA- Tres objeciones jurídicas al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. Por Manuel García Mansilla *

Por Manuel García Mansilla * 

Voy a hacer tres objeciones jurídicas al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados.
La primera objeción. El derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal. A pesar de ello, los artículos 5º y 6º del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho, pero ese supuesto derecho al aborto no existe. No está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas.
Por el contrario, el derecho a la vida se encuentra protegido en varias leyes que establecen, por ejemplo, la obligación del personal de la Salud de respetarlo desde la concepción y hasta la muerte.
También el Código Civil y Comercial de la Nación y la ley 24.901 disponen: La madre y el niño tendrán garantizados, desde el momento de la concepción, los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico, psíquico y social. ¿Qué hace el proyecto de ley con estas leyes? Nada. Ni siquiera las menciona para, eventualmente, derogarlas.
El derecho a la vida desde la concepción también está reconocido en forma directa en trece constituciones provinciales. Es decir, en más de la mitad de las provincias que integran nuestro sistema federal y que ustedes representan. ¿Qué hace este proyecto de ley? Nada. Las ignora como si no existieran.
Finalmente, el derecho a la vida desde la concepción está protegido en el artículo 75, (inciso 23) de la Constitución y en dos tratados internacionales a los que se les otorgó jerarquía constitucional, y que analizaré después. ¿Qué hace el proyecto de ley? Pretende borrar de un plumazo todas estas normas y descartarlas. El proyecto, además, ni siquiera intenta crear un nuevo derecho, sino que tiene la pretensión insólita de garantizar lo que no existe y lo hace sin ninguna explicación.

Segunda objeción: después de imaginar ese supuesto derecho al aborto, el artículo 7º del proyecto pretende garantizarlo hasta la semana 14, inclusive, del embarazo, sin restricciones y con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante; pero la Convención Americana sobre Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone, ¿por qué? Porque su artículo uno no permite que la vida de una persona quede librada a la decisión arbitraria de otra.
La Convención Americana establece una regla general, que es la protección a la vida a partir de la concepción que puede tener excepciones. Sin embargo, la legalización del aborto, de forma irrestricta hasta la semana 14, inclusive, del embarazo no es una excepción a la regla, sino que pretende reemplazarla. Es la destrucción lisa y llana de esa regla. Dado que la Convención también impide que una persona pueda ser privada de la vida en forma arbitraria, el Congreso no puede sancionar una ley que reconozca un derecho a terminar con la vida de las personas por nacer sin expresión de causa, sujeto a la sola voluntad de quien toma la decisión de terminar el embarazo. 
De hecho, si aceptamos la legalización en la forma propuesta, el artículo 4.1 de la Convención pasaría a leerse así: El derecho a la vida de toda persona estará protegido por la ley y, en general, a partir de la semana quince del proceso gestacional. A partir de esa semana, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.


Tercera objeción: el proyecto de ley choca también frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que al momento de aprobar esta Convención en 1990 el Congreso exigió una definición especial del término niño y lo hizo porque el Poder Ejecutivo advirtió en su mensaje de elevación que "Esa declaración se hace necesaria ante la falta de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por nacer".
Es por esa razón concreta, de proteger a las personas por nacer, que el Congreso le ordenó al Poder Ejecutivo que, al ratificar esa Convención, hiciera una declaración en el ámbito internacional que fijara el alcance del término niño para nuestro país. Y el criterio exigido por este Congreso es que debe interpretarse que para la República Argentina niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Así surge del artículo 2º de la ley 23.849, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras.

A pesar de lo que dijo la Corte en el caso "F.A.L", en donde ni siquiera se hizo un intento de análisis serio de la cuestión, es claro que la exigencia ordenada por este Congreso constituye una reserva. De hecho, cumple con todos los requisitos que requiere la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para ser considerada como tal. No solo ordena una determinada interpretación del término niño, sino que extiende hasta el momento de la concepción el derecho intrínseco a la vida previsto en el artículo 6º de la Convención. Esa extensión del derecho a la vida implica una clara modificación del alcance de esta Convención que, así modificada, fue elevada a jerarquía constitucional en 1994.

Ningún órgano del gobierno federal puede desconocer cuál fue de buena fe la intención y el modo en que la Argentina se obligó a cumplir la Convención en el ámbito internacional. Tampoco que, junto con la modificación ordenada por este Congreso, adquirió jerarquía constitucional. Esta modificación se torna aún más evidente cuando se la contrasta con las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Convención en materia de aborto.

Obviamente, estas recomendaciones, formuladas varios años después de ratificada la Convención, no obligan a la Argentina, por el contrario, contradicen frontalmente la forma en la que la Convención rige para nuestro país, tanto a nivel internacional como a nivel interno.
Es evidente que el aborto no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridades de funcionarios internacionales, sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir, a través del ejercicio del poder constituyente. Señores senadores: no aprueben este proyecto de ley; no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional.

* Doctor y master en leyes de la Universidad Central de Leyes de Georgetown

COMPARTIR:

Notas Relacionadas

Comentarios