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6 de agosto de 2019

06/08/2019: Entre la complicidad y el miedo

La explicación de que en estos últimos años hayan comenzado a caer sindicalistas mafiosos

El último de la serie de sindicalistas obsesionados en amarrocar el fruto de aprietes y defraudaciones, que le ha permitido quedarse con dinero ajeno es Herme Vino Caliente Juárez, quien desde el año 1969 era el dueño del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Rosario, y a la vez mandamás de la Cooperativa de Trabajadores del Puerto General San Martín.

A través de esas dos posiciones claves había llegado a convertirse en el factor central en el manejo de los servicios esenciales de los puertos cerealeros del Gran Rosario, considerado como el tercer centro portuario de embarque del mundo, en este tipo de carga.


 

Y lo más extraordinario de todo no reside en el hecho que Vino Caliente viviera en una fastuosa mansión sobre el Paraná, ni que en la redada ordenada por la justicia cayeran detenidos junto a él un hermano suyo, miembros del mismo sindicato y dos abogados “asesores”, ni que la justicia haya ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias manejadas por Suarez que contaban con depósitos superiores a los cien millones de dólares, sino el hecho que Vino Caliente al momento de su detención estaba orillando los ochenta años de edad.

Quiere ello decir que, de no ser que las autoridades competentes no hubieran salido con la llegada de la actual administración de una pasividad que tenía en apariencia mucho de letargo y somnolencia pero que en realidad, daba cuenta de otra hibridación, la verdadera, que era una mezcla de connivencia y miedo frente a una suerte de monarca portuario, que estuvo a punto de llegar a morir con las botas puestas, dando paso a otro rey puesto, tal como dice un viejo refrán de la monarquía inglesa.

Claro está porque no hay motivo para el asombro, ya que antes que él, aunque no necesariamente en el orden cronológico con que se los menciona, habían caído Juan Pablo “Pata” Medina, amo y señor de la Uocra; Omar “Caballo” Suarez, el patrón del Sindicato de Obreros Unidos del país, y Marcelo Balmaceda, heredero de su padre “inventor” del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación de la Provincia de Buenos Aires (SOME), y quién sorprendió a todos por el hecho que una mínima parte de su fortuna, consistiese en un extenso predio rural ubicado en las inmediaciones de la oriental Punta del Este, que cuenta con un casco con ribetes de película estadounidense.

Todos ellos, habían sido detenidos y procesados por maniobras sino idénticas, al menos similares con las que no hicieron otra cosa que engordar sus bolsillos, y los de sus familiares y allegados, lo que no quita que hayan tenido que pagar “derechos de peaje”. Por todo lo cual no es de extrañar entonces que haya una larga lista de sindicalistas nerviosos, esperando con ansiedad los resultados de las próximas elecciones, si es que pueden continuar indemnes hasta entonces y de la forma en que finalmente “caiga la taba”.



Pero esas referencias no son otra cosa que un detalle anecdótico, frente a la grave situación que representa que con los casos referidos viene a quedar exhibido el altísimo grado de corrupción presente en el sindicalismo nacional. Ello, sin dejar de señalar que se supone, y es a la vez deseable, la existencia de dirigentes sindicales que queden por su manera de proceder fuera de esa caracterización.

De allí, que no pueda dejar de señalarse que consecuencia de esa manera de proceder, se asista a una aberrante desnaturalización de la función sindical, ya que se ve a los trabajadores utilizados por sus dirigentes máximos como meros instrumentos con el objeto de enriquecerse a través de diversos procedimientos que, como queda dicho, incluyen los “aprietes”, contrataciones “truchas” y desvíos de fondos. Todo ello mientras se ve a esos mismos dirigentes sindicales, así caracterizados, vocear en todas direcciones su inconmovible determinación de mantener en alto las banderas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y la preservación de sus fuentes de trabajo, a la vez que su compromiso en la lucha contra el hambre y la desocupación y el maltrato a los jubilados.

De esa manera la conducta delictiva viene a redondearse con un comportamiento hipócrita. 
Pero como si esto fuera poco, se da la existencia de lo que no es un daño colateral, sino un daño directo en el funcionamiento de la economía, y su productividad y competitividad. Es que como queda dicho al rebajarse a los trabajadores sindicados a la condición de mero instrumento de los intereses personales de esos dirigentes, los que vienen a considerarse como los preponderantes, se hace presente su utilización, no como un mecanismo de presión para que sean atendidos los legítimos reclamos de los trabajadores, sino que en una gran medida, se los presenta como actuando para el logro de aquellos interese particulares.

No es de extrañar entonces que en el caso de Vino Caliente, sus manejos hacían, según medios cercanos a ese ámbito, que los servicios de estiba portuarios representasen entre nosotros un costo que duplicaba el costo promedio de los internacionales por este tipo de servicios.

No se debe dejar pasar por alto que aquí nos encontramos ante otra cara de un sistema de corrupción que con la colaboración del Estado, o ante su impotencia se ha desparramado como un virus por toda nuestra sociedad. De allí que entre las tareas que encomendamos al Estado, en cuanto este no es otra cosa que la sociedad jurídicamente organizada, dejemos de lado la circunstancia de que habrá quien encuentre gracioso que hablemos del Estado como el resultado de una “organización de la sociedad- entre ellas se encuentra en un lugar principalísimo el de erradicar lo máximo posible la corrupción, ya que hablar de su erradicación total es un imposible.  

De allí también que resulta preocupante que existan grandes segmentos de población que no ubique a esa lucha en un lugar prioritario. Olvidando de esa manera la incidencia que ella tiene tanto en la existencia del déficit fiscal como de la presión tributaria que es su contracara. También en la competitividad de la economía, y de las falencias ostensibles en materia de infraestructura y en la calidad de los servicios públicos.   Enviar
 

 

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