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21 de agosto de 2019

21/08/2019: El cuñado de Urribarri designó nuevo abogado ¿Se viene el juicio en la causa “de la vaca”?

Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, y su esposa, Luciana Almada, tienen ahora nuevo defensor en la causa que espera fecha de juicio oral.

(Se aplazó el inicio de las audiencias que habían sido e programadas para el 29 de julio último): en Tribunales hicieron saber que Miguel Ángel Cullen se sumó como codefensor, para acompañar a Marcos Rodríguez Allende. La excusa de Rodríguez Allende A principios de agosto, la Justicia había emplazado a Aguilera y a Almada para que designen abogado defensor para que entienda en el juicio en su contra en la conocida causa “de la vaca”, en la que se investigó el supuesto direccionamiento de publicidad callejera entre 2010 y 2015, en la última parte del gobierno de su cuñado, Sergio Urribarri. El juicio estaba programado iniciar el 29 de julio, pero fue suspendido el 25 por un pedido formulado por dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que por problemas de salud no podían participar de las audiencias. En una resolución fechada el 2 de agosto, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola, analizó la situación planteada por uno de ellos, Rodríguez Allende, que defiende a Aguilera y Almada. El profesional médico que justificó la imposibilidad del letrado para estar en el juicio fue el psiquiatra Luis Pirro, quien en una audiencia celebrada el 10 de julio, sostuvo que Rodríguez Allende no estaba apto para ejercer su rol plenamente por el término de 45 días. Apurados por la Justicia En base a esa exposición, el Tribunal consideró que “debido al cuadro de salud que presenta, no solo no se encuentra en la actualidad en condiciones de ejercer en forma plena su rol, sino que tampoco existe un pronóstico cierto de cese -provisorio, menos aún definitivo- de tal situación. Lo dicho, pues si bien el certificado médico agregado prescribe un período de ‘reposo’ por 45 días, el psiquiatra en forma verbal se explayó sobre el cuadro de su paciente -a cuyas precisiones nos remitimos- refiriendo lapsos de tiempo mayores, dando cuenta de un tratamiento -con lapsos de mejoría y otros de retroceso- que ya lleva algunos años y que no puede estimarse por cuánto tiempo se podrá prolongar”. “Lo dicho implica, por un lado, que no se puede establecer una nueva fecha de realización del plenario en estas condiciones, y por el otro, que los incursos Aguilera y Almada se encuentran en una clara situación de indefensión, que debe ser subsanada de inmediato”, sostuvieron entonces. En función de esa situación, los magistrados emplazaron a la pareja a designar un abogado co-defensor de su confianza en el término de diez días. El nombramiento, explicaron, no implica el apartamiento de Rodríguez Allende que es “quien podrá ejercer su ministerio en forma conjunta o indistinta cuando sus posibilidades materiales derivadas de su estado de salud lo permitan”. A su vez, aclararon que si la pareja no designa ningún otro letrado, se les nombrará un Defensor Oficial quien se desempeñará como defensor sustituto en los términos del artículo 133 del Código Procesal Penal. Cullen, el nuevo defensor Esa situación fue ahora salvada por el matrimonio Aguilera-Almada: ambos designaron como codefensor a Miguel Cullen. Aunque sigue en stand by la definición de la nueva fecha de comienzo del juicio oral. El expediente judicial está caratulado “Urribarri Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel Corina; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; peculado, defraudación a la Administración Pública”. La última estrategia por aplazar el inicio del juicio había ocurrido con la recusación de uno de los magistrados que juzgará a Urribarri, Báez, Aguilera y Cía, Gervasio Labriola, en una investigación penal conocida mediáticamente como “ causa de la vaca”, en la que los delitos investigados consistieron en el supuesto direccionamiento de órdenes de publicidad, entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69, y el supuesto pago de “coimas” por unos $12 millones, según la tesis de Fiscalía. Leé también Semana positiva para Urribarri: aplazaron el juicio de la “causa de la vaca” Labriola intervino en la megacausa contra el ex vicegobernador Héctor Alanis y el ex senador radical Humberto Ré, que terminaron condenados. En ese proceso, el magistrado consideró que no hay “cosa juzgada” por más que los organismos de control se hayan expedido sin haber reprochado los actos de gobierno. El planteo de los abogados defensores sostiene que Labriola ya tiene una opinión en contra de sus clientes. En los argumentos, recuerdan que el 3 de mayo pasado, en el marco de la megacausa denominada del “Sueño Entrerriano”, el magistrado les rechazó un planteo que técnicamente se conoce como excepción por falta de acción. Aunque finalmente esa recusación fue desestimada. En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del ex gobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación. Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del ex gobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Belez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”. La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Fuente: Entre Ríos Ahora.

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