6 de septiembre de 2019
06/09/2019: Contratos truchos: Tras la apelación, redujeron los embargos de $3 mil millones a $190 mil
Cinco meses después de haber dispuesto un multimillonario embargo sobre los bienes de los imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura.

la Justicia cayó en la cuenta que la medida se había dispuesto en forma errónea, sin un estudio pericial de base. Así, dispuso abaratar esos embargos: de los $3.000 millones ordenados el 12 de abril por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, este viernes la camarista María Carolina Castagno resolvió que sean por la suma de $190 mil.

La medida alcanza a Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-; el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y su esposa, Verónica Caíno; el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; Alfredo Bilbao; Jorge De Breuil; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Adminstrativo Contable de Diputados; Guido Krapp; Pedro Oppromola; Héctor Falco; Flavia Beckman; Hugo Mena; Roberto Faure; María Victoria Alvarez; Esteban Scialocomo; Jorge Balladares; Viviana Mena Giovenni; Jazmín Mena Giovenni; Nicolás Beber; y Reinaldo Mansilla.

De ese modo, la jueza Castagno hizo parcialmente lugar a los recursos de apelación presentados por las defensas de los imputados, aunque si bien bajó sustancialmente el monto de los embargos, mantuvo la medida de inhibición general de bienes.
La magistrada hizo notar que la Fiscalía, al pedir los embargos por $3.000 millones -$2.000 millones como perjuicio al Estado por la operatoria de los contratos truchos, más $1.000 millones por intereses- se basó en un mero informe realizado por un contador de la Procuración, Héctor Enrique, quien “determinó en forma provisoria el monto del dinero sustraído en el período investigado, es decir del 1° de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2018, arrojando una suma de $ 2.244 millones”.

“Entiendo que este informe, provisorio, que arroja la cifra del dinero sustraído, lo que hace es aproximar el perjuicio económico causado al erario público. Mas este informe no brinda ningún detalle sobre los bines de las personas cuyo aseguramiento pretende la Fiscalía, y no está establecido si esos bienes provienen del delito. Pese a contar con toda la documental para hacerlo al menos en grado probabilidad, no se ha realizado”, observó Castagno, y de ese modo modificó la medida dispuesta por Barbagelata en abril último.
“Cobran sentido las críticas de los apelantes, cuando denuncian que se han inhibido bienes adquiridos fuera del período imputado”, detalló. “El embargo se dispone para garantizar el eventual decomiso de los bienes producto el delito. De momento, no se ha determinado cuáles son los bienes que han sido producto del ilícito, lo que impide mantener inmovilizados todos los bienes de todos los imputados”, agregó.

De ese modo, dejó sin efecto el embargo de $3.000 millones, y sólo dejó en pie la multa a aplicarse a los implicados en la causa de los contratos de ser hallados culpables, $90 mil, más $100 mil por el pago de costas, lo que arroja una cifra final de $190 mil.
Cruce de argumentos

La definición de la jueza Castagno se dio luego de sucesivos aplazamientos de la audiencia para escuchar los planteos de los defensores. Finalmente, la audiencia se concretó el lunes 2 de septiembre.

Ese trámite se había programado para el 4 de julio último. Luego, se aplazó para el 25 de julio. Después para el 1° de agosto. Pero no ocurrió nada en ninguna de esas fechas. Más tarde, se fijó la audiencia para este 2 de septiembre.

La audiencia de apelación por el embargo por $3.000 millones dispuesto sobre los imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, y que según la Procuración habría provocado un desfalco al Estado del orden de los $2.000 millones, concluyó este viernes, luego de un cuarto intermedio, con la decisión de bajar aquel monto de $3.000 millones a solo $190 mil.
El 12 de abril, la jueza de Garantías Marina Barbagelata decretó “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de $ 2.000 millones con más la suma de $1.000 millones en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso”. La medida alcanzó no sólo a los imputados, sino también a sus cónyuges.
Esa decisión fue apelada por los defensores de los imputados, aunque la resolución a ese planteo fue demorado, así también se ha postergado la anunciada remisión a juicio de la causa, que en principio iba a ocurrido entre marzo y abril de este año.

De ese modo, la eventual remisión a juicio oral de la causa viene aplazándose constantemente. Tampoco está en claro si ocurrirá lo que se anunció: dividir la causa en dos.

El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, anunció la decisión de dividir la causa en dos, y enviar a juicio en una primera fase a los mandos intermedios, y en una segunda instancia, avanzar sobre los responsables políticos de la operatoria de recaudación de cifras millonarias -se habla de un perjuicio al Estado de $2.000 millones- a través de contrataciones ficticias de personal.
La última novedad había sido la incorporación a la causa del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, como actor civil en la causa de los contratos truchos. Lo hizo para adherir y sostener la medida cautelar por el Ministerio Público Fiscal –y acogido favorablemente por la jueza de Garantías, Marina Barbagelata- al disponer los embargos sobre los bienes de una treintena de imputados más la inhibición general de bienes, medida que también alcanza a sus familias.
La investigación
Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.
Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.
“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.
En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.
“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

Fuente: Entre Ríos Ahora

 


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