13 de septiembre de 2019
13/09/2019: “Sueño entrerriano”: dispusieron la remisión a juicio de la causa
l juez de Garantías, Ricardo Bonazzola, rechazó las apelaciones interpuestas y dispuso la remisión a juicio oral.

La IPP acumula tres expedientes, todos vinculados a la campaña presidencial del exgobernador, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal.

Las impugnaciones interpuestas por los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez (en representación de Urribarri); Ignacio Díaz (en representación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez); Marcos Rodríguez Allende (en representación de Juan Pablo Aguilera); Guillermo Vartorelli (en representación de la contadora Corina Cagniel y otros) y Emilio Fouces (en representación del exministro de Turismo, Hugo Marsó, entre otros) son tres:

1. Los informes de llamados telefónicos entre los imputados.

2. Informes periciales elaborados por personal del Ministerio Fiscal o el Poder Judicial.

3. Informes de páginas webs de noticias.

Bonazzola rechazó las impugnaciones defensivas. Sostuvo que los informes de las empresas de telefonía afectaron mínimamente la privacidad de los imputados y está entre las facultades del Ministerio Público Fiscal y un juez de instrucción requerir esos datos sobre las personas investigadas. “Aquí no se interceptó ni captó de ninguna forma comunicaciones personales de manera ilegal”, dijo.

En referencia a los informes periciales elaborados por personal del Ministerio Fiscal o el Poder Judicial, el juez de Garantías consideró que “la mayor o menor idoneidad de los funcionarios públicos formará parte de las valoraciones que se hagan en el juicio”. Sobre el mismo punto, acotó que si bien los defensores no ejercieron el derecho de designar peritos de parte, tampoco recusaron a las personas que desarrollaron las medidas de prueba.
Por otro lado, Bonazzola también rechazó las impugnaciones sobre el registro de páginas webs de noticias. “Las valoraciones sobre el alcance probatorio de las páginas web de noticias quedará para la instancia de juicio”, indicó.
Incorporarán prueba nueva
En una de las tantas instancias que tuvo la audiencia (comenzó el viernes pasado, pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes y volvió a pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes), el defensor Guillermo Vartorelli había pedido que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos que evalúe uno de los informes contables producidos para la causa y emita un dictamen. Bonazzola admitió ese pedido del defensor.

“Sin dejar de considerar que esta es una audiencia para admitir prueba y no para producirla, hago lugar al pedido del defensor para designar un perito y que se incorpore en 30 días”, acotó el juez y, del mismo modo, consintió a los fiscales Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull que también designen a un perito para ese trabajo.
Asimismo, se reservará la testimonial para el debate de los nuevos peritos que se incorporarán en la causa.
González y Rinesi, los testigos de Báez
En uno de los tres expedientes, el exministro de Cultura y Comunicación ofreció las testimoniales del exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González. También, pidió que se cite a declarar al politólogo y filósofo Eduardo Rinesi, exrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Ambos pertenecen al grupo de intelectuales kirchneristas denominado “Carta abierta”.
Imputados y pedidos de pena

La megacausa tiene como imputados a Urribarri, para quien la fiscalía pidió 9 años de prisión; Pedro Báez, sobre quien pesa un pedido de 8 años de prisión; Hugo Marsó, para quien la fiscalía reclamó 4 años de prisión; Hugo Céspedes, Gustavo Tortul y Gerardo Caruso, sobre quienes pesa el mismo pedido de pena que Marsó; Corina Cargniel, para quien pidieron 6 años de prisión; y Juan Pablo Aguilera, sobre quien pidieron 8 años de prisión.

 

Los legajos acumulados son tres

1. El 61.211 investiga la solicitada en 18 diarios en contra de los “fondos buitre”, de junio del 2014. La fiscalía le imputa a Urribarri y Báez que, siendo gobernador y ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, respectivamente, habrían sustraído de la partida presupuestara DA 984, cuya custodia tenían a cargo, la suma de $4.308.500,23 para difundir la solicitada titulada “Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”.

El texto fue publicado en los diarios Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, Buenos Aires Herald, Tiempo Argentino, El Argentino, Crónica, Página 12, El Litoral de Santa Fe, El Diario de Paraná, Uno de Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, La Capital de Rosario, El Sol de Concordia, El Día de Gualeguaychú y La Calle de Concepción del Uruguay.

Para los acusadores, esa publicación tuvo como único fin promocionar, con fondos públicos, la precandidatura a presidente de Urribarri. Sostienen que la solicitada se tramitó bajo el expediente 1603731, y que Báez la justificó “ficticiamente” con el argumento de que era necesaria la difusión de actos de gobierno.

Así, ambos firmaron la orden de publicidad y luego el decreto 2940/14 del 5 de septiembre de 2014. En ese sentido, remarcan que esa resolución fue rubricada “a sabiendas del velado propósito de la publicación en cuestión”.

2. El 29.885, por la contratación de la empresa Nelly Entretaiment de Jorge “Corcho” Rodríguez para la difusión de spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur. Esa contratación costó $28.400.000. En este expediente está imputado, además de Urribarri y Báez, el coordinador de la Unidad Operativa del Mercosur, Hugo Céspedes; y al coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, Gustavo Tórtul.

La fiscalía reprocha la contratación de la productora Nelly Entertainment para lo que consideran como la difusión de la imagen de Urribarri como precandidato a presidente. En expediente, Rodríguez logró una probation.

3. El 58.383, que investiga la instalación de un parador playero en la localidad bonaerense de Mar del Plata, en enero de 2015. La acusación fiscal señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de una estructura que aparentaba promocionar a la provincia como destino turístico, pero tenía estampado un rostro de Urribarri.



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