30 de octubre de 2019
30/10/2019: El picante diálogo entre un juez, un exfuncionario provincial y su abogado defensor
Los tribunales de Concordia fueron testigos de un hecho singular, un ida y vuelta entre un magistrado que se limitaba a preguntar y un imputado acompañado de su abogado defensor que intentaba responder, todo ello durante una audiencia de la llamada Causa Codesal - Hotel Ayuí.

Pero más relevante que el diálogo en sí es lo que la parte acusada admitió sin tapujos: la administración de un organismo público del Estado provincial funcionó en la sede de un diario y aún hoy habría en el lugar un "depósito de vehículos o ex vehículos" de la repartición.

El imputado es Luis Mazurier, director del matutino El Sol y ex presidente de la Codesal, la Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande. Se le atribuye la autoría de cinco hechos en los que habría incurrido en peculado en concurso real con administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública, más un sexto donde el delito sería el incumplimiento de obligaciones de funcionario público.

En efecto, el Ministerio Público Fiscal -que al comienzo de la investigación estuvo representado por Aníbal Lafourcade y hoy lo está por José Arias- imputa a Mazurier la sustracción de fondos recaudados por la explotación del camping La Tortuga Alegre, las Termas del Ayuí y el Camping Las Palmeras, además de acusarlo por haber "omitido recibir la administración del Hotel Ayuí con la finalidad de apoderarse de manera ilegítima de los montos percibidos por su explotación comercial".

Con el auxilio de su abogado Osvaldo Sarli y a manera de estrategia defensiva, Luis Mazurier intenta probar que los dineros bajo investigación no fueron a parar a su bolsillo sino que se re invirtieron en infraestructura para el organismo que presidía, ello en razón de que la Codesal -asegura- no recibía desde la Administración provincial partidas presupuestarias suficientes para su funcionamiento.

Dicho de otro modo, Mazurier sostiene que el dinero, que según la Fiscalía no habría sido rendido al Estado ni tampoco registrado en contabilidad alguna, no salió nunca de la propia Codesal porque fue reinvertido, aunque tampoco existirían facturas de gastos que lo acrediten.
¿Cómo probar algo así?
En una reciente declaración ante el fiscal, Mazurier propuso una serie de pericias en lugares donde, según su testimonio, habría ido a parar el dinero. Sarli lo explicó así: "Mazurier en su declaración de imputado ha explicado que la Codesal tuvo la función de administración del Perilago. Ese mantenimiento importaba erogaciones naturalmente, hacía falta personal, transportarlo, combustible, choferes, mantenimiento de vehículos, obras como baños, aires acondicionados, construcción de la Comisaría Novena. Por lo tanto, para la imputación de peculado es necesaria la determinación de cuáles eran las erogaciones que se produjeron y la determinación de si para las mismas existía o no existía asignación presupuestaria por parte de la provincia para afrontarlas. Para esa determinación se ofreció la prueba que ahora el Fiscal no admite y que ha rechazado", se quejó el abogado defensor.
El planteo del imputado no tuvo éxito porque el Juez de Garantías Darío Mautone terminó coincidiendo con la fiscalía y optó por rechazar las medidas de pruebas solicitadas, que de haber sido autorizadas habrían implicado una nueva postergación de la elevación de la causa a juicio.

El momento más tenso de la audiencia en la que Mautone debió resolver se produjo cuando Sarli pidió que entre los lugares a "periciar" se incluyera a las "oficinas ubicadas en Concejal Veiga 777". O sea, el Diario El Sol. El juez comenzó a hacer preguntas, como intentando comprender las razones de tan extraña petición. Este fue el revelador ping pong:
Sarli: - Inspección de oficinas de Concejal Veiga 777. Ahí funcionaban dependencias asignadas por Mazurier con todo su equipamiento e instalaciones a la Codesal. Por eso creemos necesaria la determinación mediante inspección para justipreciar y ver el valor económico de esas instalaciones, porque son gastos de la Codesal. En definitiva, si la Codesal gastaba sus ingresos en la realización de las tareas de administración, no había plata que se robase Mazurier, como es lo propio del delito de peculado.
Mautone: - ¿Concejal Veiga 777? ¿Eran oficinas de la Codesal?

Sarli: - Oficinas afectadas, sí, al funcionamiento de dependencias de la Codesal.

Mautone: - ¿Y en esas oficinas se habrían hecho trabajos para...?

Sarli: - Están todas las instalaciones, el equipamiento e inclusive está también ahí, fuera de las oficinas, el depósito de los vehículos o exvehículos.

Mautone: - ¿Ese inmueble de quién es?

Mazurier: - Es mío.

Sarli: - Es propiedad de Mazurier, sí, sí. O sea, Mazurier afectó su inmueble al funcionamiento de dependencias de la Codesal. Tenía toda una serie de instalaciones.
Mautone: - ¿Había algún alquiler, contrato? ¿A ver si lo estoy entendiendo doctor? Se supone que en esas oficinas de Concejal Veiga 777 trabajaba la Codesal o se afectaban al trabajo de la Codesal. Sobre esas oficinas hubo gastos que hizo la Codesal. Corríjanme si me equivoco. Usted lo que quiere probar con esa inspección es que la Codesal realizó gastos sobre un inmueble propiedad del propio Mazurier. ¿Es así? Sarli: - Son los gastos de funcionamiento y se presentó al fiscal una planada fotográfica donde están las imágenes de las diferentes dependencias, de las instalaciones de esta dirección, Concejal 777. El reconocimiento es para autenticar las fotografías, que se verifique que son de ahí. Luego lo que se hacía ahí vendrá con las testimoniales. Pero tienen que estar verificadas las fotografías para luego....

Mautone: - ¿Y ahí había gente trabajando en esas oficinas?

Sarli: - Había gente que trabajaba, sí.

Mautone: - ¿Para la Codesal?

Sarli: - Para la Codesal.

Mazurier: - Ahí se llevaba la administración de la Codesal.

Mautone: - Bien.

Sarli: - En definitiva, esa prueba tiene directa relación con los gastos que efectúa la Codesal para su propio funcionamiento, con prueba ofrecida, son las planadas fotográficas.

Fuente: El Entre Ríos

 


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