Viernes 23 de Abril de 2021

JUDICIAL

5 de diciembre de 2019

05/12/2019: Fijaron fecha para el comienzo del juicio contra Urribarri

Después de dos suspensiones durante 2019, el primer juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados al exgobernador Sergio Urribarri por una causa de corrupción en su gobierno tiene fecha para 2020.

La denominada «causa de la vaca», que investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones, que habrían beneficiado a empresas que se sindican como de propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, irá a juicio oral a partir del próximo viernes 27 de abril.

Las audiencias continuarán los días 28, 29 y 30 de abril. Luego, seguirán los días 5, 6, 7, 12 y 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de mayo, siempre a partir de las 9. Según el esquema fijado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, los alegatos de apertura serán los días 27 y 28 de abril; en tanto en las jornadas del 29 y 30 de abril y 5, 6, 7, 12 y 13 de mayo depondrán un total de 7 testigos por día; los días 14, 19 y 20 de mayo, 8 testigos por día; mientras que las jornadas del 26 y 27 de mayo serán los alegatos de clausura.

El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Nacoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores. Los jueces, además, si bien encontraron atendido el pedido que formuló la Procuradora Adjunta de establecer fecha de inicio dentro del plazo en el que se iban a realizar las audiencias -entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre- dijo no tener potestad para tomar una determinación de esa envergadura. Así, concluyó que “este Tribunal carece de la potestad para efectuar una reprogramación del debate, atento a que la fijación de las audiencias de los juicios orales constituye una actividad administrativa reservada a la O.G.A., limitándose la labor jurisdiccional en el presente caso en concreto, a impedir que tal actividad afecte derechos y garantías que impidan la materialización de un ´juicio justo´”. Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.

No bien se conoció la primera postergación, la Procuración urgió la fijación de fecha con el argumento de que una falta de definición “podría atentar contra el derecho de los acusados que no han generado las suspensiones a un proceso sin dilaciones indebidas”.
Qué investigan
La investigación penal es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

La causa está caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. En ella participan los abogados Raúl Barrandeguy, que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

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