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17 de febrero de 2021

17/02/2021: El Gobierno acusó a grandes empresas de consumo de generar desabastecimiento

La inusual medida generó rechazo entre economistas que la comparan con sanciones que no se aplican desde el último gobierno de Juan Domingo Perón, quien amenazó con “colgar” a los especuladores

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), informó que “imputó” a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, a las que acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. Hay que remontarse varias décadas atrás para encontrar otros casos de aplicación de sanciones por desabastecimiento a las compañías.

Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, aseguró un comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde el ministerio, explicaron que se trata de un proceso administrativo a partir del cual se abre un expediente de oficio. La medida se tomó en el marco de la Resolución 100/2020, publicada el año pasado, que estableció el marco legal para la implementación del programa de Precios Máximos. Durante las fiscalizaciones en los comercios, los inspectores de la subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Por eso, más tarde, realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en pedidos de información sobre stocks e inventarios de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.

En los casos en que se verificó una reducción en la producción o distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, las imputaciones consisten en darles a las empresas un plazo de cinco días hábiles para que acrediten ante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) haber dado cumplimiento a la norma. También se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y “arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.

Consultadas por Infobae, desde algunas de las empresas acusadas señalaron que se enteraron de la noticia por los medios de comunicación y que no recibieron aún la notificación oficial de la Secretaría de Comercio. En una de las compañías señaladas por no haber brindado la información requerida aseguraron que habían respondido al pedido del Gobierno el 8 de febrero pasado.

Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del 70, cuando en 1974 se sancionó la ley de abastecimiento. Luego, en el segundo gobierno de Cristina Fernández, con las amenazas a las empresas durante la gestión de Guillermo Moreno”, recordó el economista Iván Carrino, de la consultora Carrino & Asociados.

Históricamente, el hecho más reciente de aplicación de Ley de Abastecimiento –que fue sancionada en 1974 y modificada en 2014– fue en 2007, cuando Guillermo Moreno estaba al frente de la Secretaría de Comercio y abrió una causa judicial contra el entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, por desabastecer el mercado de gasoil. Hubo, incluso, un pedido de arresto contra las máximas autoridades de la empresa multinacional en el país.

En agosto de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se negociaba con las empresas petroleras un congelamiento de los precios de los combustibles, se apeló a esa vieja ley para lograr frenar los aumentos. Finalmente, no fue necesaria su aplicación y se llegó a un acuerdo con las compañías del sector.

En noviembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández también habló de aplicar la Ley de Abastecimiento, luego de que se registraran faltantes de materiales de construcción. Aunque finalmente esa idea no se concretó. La ley mencionada faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

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