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POLITICA

25 de octubre de 2021

25/10/2021: Conflicto mapuche: la inoperancia del Estado ante el reclamo violento de tierras en la Patagonia se vuelve cada vez más peligrosa

OPINIÓN | Se entrevé claramente la complicidad de algunos funcionarios nacionales con los usurpadores. Preocupación en la Iglesia porque también fue víctima de varios ataques en el sur del país.

Por: Sergio Rubin

El Gobierno no se cansa de reivindicar el papel del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos. Con el mismo propósito, legisladores del oficialismo y la oposición sancionan leyes a troche y moche. Pero hay problemáticas como el reclamo violento de tierras de supuestos mapuches en la Patagonia que revelan no solo la ausencia del Estado, sino también su ineficacia, y que evidencian que un instrumento legal por el solo hecho de haber sido aprobado en el Congreso no cambia la realidad mientras -obviamente- no se lo ponga en práctica.

La ausencia del Estado en el ya prolongado conflicto territorial en el sur es por demás elocuente. Peor aún: se entrevé claramente la complicidad de algunos funcionarios nacionales con los usurpadores. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, lo dijo con todas las letras este fin de semana. Específicamente, aludió al vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquiman, quien hace un tiempo fue visto transportando supuestos mapuches para la toma en una zona del lago Mascardi, en las proximidades de Bariloche.

 

En los últimos días el Gobierno nacional se resistió inicialmente a enviar fuerzas de seguridad con el insólito argumento de que no le correspondía, pese a lo establecido en la Ley de Seguridad Interior y a que los supuestos mapuches ocupan sectores de Parques Nacionales. “No es función del Gobierno brindar mayor seguridad en la región”, afirmó el presidente de la nación. Finalmente, accedió a reforzar la presencia de Gendarmería y Alberto Fernández se comunicó con Carreras para expresarle su voluntad de colaborar.

Menos conocida es la inoperancia del Estado ante esta problemática. El obispo de Esquel, José Slaby, lo acaba de señalar en diálogo con TN, en referencia a la ley 26.160 sobre los reclamos territoriales de los pueblos originarios, sancionada en 2006, que dispone la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades aborígenes. Monseñor Slaby destacó que esa tarea avanza muy lentamente y provocó que los plazos de la ley se prorrogarán tres veces y se prepara una cuarta extensión.

 

Para Slaby, completar el relevamiento contribuiría a la solución de un conflicto que está escalado. Si bien en los últimos tiempos en la zona de Esquel no se produjeron incidentes, hace dos años se incendiaron propiedades y se derribó una emblemática cruz de 80 metros en el Parque Los Alerces. De todas maneras, dice el obispo, “la sociedad se siente insegura”. Recordó que en su provincia, Chubut, tanto el gobierno provincial como el nacional llegaron a afirmar que no les correspondía intervenir.

La violencia también afecta a la Iglesia

La propio Iglesia es víctima de los ataques y usurpaciones. Son varias sus propiedades -lugares para esparcimiento de los colegios religiosos y para retiros espirituales- que fueron incendiados u ocupados. También resultaron vandalizados templos y hasta se llegó a tomar de rehén a algún que otro sacerdote. Todo esto pese a que la Conferencia Episcopal tiene hace años un área dedicada a la situación de los aborígenes que no solo se ocupa de su promoción social, sino de fomentar el respeto de sus derechos.

 

De todas maneras, desbrozar con toda nitidez los auténticos reclamos de las comunidades aborígenes de la de aquellos que presumen de mapuches, se arrogan derechos sobre tierras y optan por las acciones violentas, constituye un desafío que alcanza a la propia Iglesia católica y, en general, a todo el conglomerado cristiano (que incluye, por caso, a los anglicanos y a los evangélicos) que atiende esta problemática. Lo cual impide a veces consensuar una posición común y llevarla adelante.

No obstante, el incumplimiento de lo dispuesto en la ley 26.160 no debe prolongarse más. Aunque por cierto esta situación no constituye una rareza. No son pocas las leyes que se aprueban y luego pasan años sin reglamentarse o aplicarse. Esto pone de manifiesto, además, la inclinación de muchos políticos de creer que todo se soluciona con la sanción de un instrumento legal y así se sancionan tantas leyes que se terminan ignorando y que muchos ni siquiera saben que existen.

Pero el incumplimiento sobre tierras aborígenes se está volviendo algo cada vez más peligroso. Puede costar vidas. Así como la corrupción mata, la inoperancia también.

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