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5 de enero de 2023

05/01/2023: ¿Quiénes son los fiscales que asumieron causas de corrupción luego de la destitución de Goyeneche?

El Procurador General Jorge García designó a un equipo de cuatro fiscales para tramitar las causas de corrupción en la Unidad Fiscal Paraná tras la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche.

El equipo está conformado por el Fiscal de Coordinación Ignacio Aramberry -también denunciado por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento-, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, estos tres últimos a cargo de la acusación en el megajuicio que sentó en en banquillo al dos veces exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel por el delito de peculado.

Aramberry, en tanto, llevó adelante, junto a Yedro, una de las causas de corrupción de mayor envergadura de los últimos tiempos: la investigación penal sobre los contratos truchos en la Legislatura en la década de 2008 a 2018. El expediente, con pedido de remisión a juicio oral, está en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe resolver una cuestión de competencia.

La resolución N° 166, del 17 de octubre de 2022, firmada por el Procurador García, señala la “necesidad de asistencia específica de recursos humanos especializados para la investigación eficaz de los ´delitos de corrupción´, que es la denominación utilizada por la Convención Interamericana como de Naciones Unidas, y que en nuestra legislación penal se concretan sobre los bienes jurídicos institucionales Administración Pública, Fe Pública y Órden Económico y Financiero y que constituyen prioridad político criminal de este Ministerio Público Fiscal ante la manda convencional y constitucional”.

“Es imprescindible –apunta- la continuidad de los Fiscales Coordinadores y Fiscales que hayan estado a cargo de las causas en trámite, hasta tanto se produzcan los nombramientos a través del Consejo de la Magistratura” en el marco de lo dispuesto por la Ley 11.000 de creación de la Fiscalía Anticorrupción, “y en tanto no se revoque la que entendemos ilegal suspensión de la Sra Procuradora Adjunta Dra Goyeneche”.

Goyenece fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento el 24 de mayo de 2022 tras ser denunciada por mal desempeño por los abogados Carlos Reggiardo y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet en sendas presentaciones. La funcionaria apartada de su cargo apeló el fallo con un recurso de inconstitucionalidad -no está previsto en la ley de jury la apelación a los pronunciamientos del Jurado de Enjuiciamiento- aunque el trámite viene bastante demorado.

Casi sobre la Navidad, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejó conformado el tribunal que deberá resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentó Goyeneche contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento.

Ese tribunal sui generis se compone con cuatro magistrados designados en forma interina: los vocales del STJ Leonardo Portela y Jorge Pirovani -este último designado por el alto cuerpo pero que quedará afuera por cuanto el gobernador Gustavo Bordet propone a una mujer, Laura Soage para ocupar ese sillón- y los jueces de juicio Walter Carballo y Susana María Paola Firpo. Los otros cuatro tienen acuerdo constitucional: Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio y Germán Reynaldo Carlomagno, vocales del STJ; y Gervasio Pablo Labriola, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.

A finales de diciembre, el Consejo de la Magistratura convocó, sobre la hora, a sus miembros para designar los jurados técnicos que evaluarían a los postulantes a cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción. Pero la reunión naufragó, y el trámite se suspendió sin tiempo.
Aramberry, en tanto, llevó adelante, junto a Yedro, una de las causas de corrupción de mayor envergadura de los últimos tiempos: la investigación penal sobre los contratos truchos en la Legislatura en la década de 2008 a 2018. El expediente, con pedido de remisión a juicio oral, está en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe resolver una cuestión de competencia.

La resolución N° 166, del 17 de octubre de 2022, firmada por el Procurador García, señala la “necesidad de asistencia específica de recursos humanos especializados para la investigación eficaz de los ´delitos de corrupción´, que es la denominación utilizada por la Convención Interamericana como de Naciones Unidas, y que en nuestra legislación penal se concretan sobre los bienes jurídicos institucionales Administración Pública, Fe Pública y Órden Económico y Financiero y que constituyen prioridad político criminal de este Ministerio Público Fiscal ante la manda convencional y constitucional”.

“Es imprescindible –apunta- la continuidad de los Fiscales Coordinadores y Fiscales que hayan estado a cargo de las causas en trámite, hasta tanto se produzcan los nombramientos a través del Consejo de la Magistratura” en el marco de lo dispuesto por la Ley 11.000 de creación de la Fiscalía Anticorrupción, “y en tanto no se revoque la que entendemos ilegal suspensión de la Sra Procuradora Adjunta Dra Goyeneche”.

Goyenece fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento el 24 de mayo de 2022 tras ser denunciada por mal desempeño por los abogados Carlos Reggiardo y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet en sendas presentaciones. La funcionaria apartada de su cargo apeló el fallo con un recurso de inconstitucionalidad -no está previsto en la ley de jury la apelación a los pronunciamientos del Jurado de Enjuiciamiento- aunque el trámite viene bastante demorado.

Casi sobre la Navidad, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejó conformado el tribunal que deberá resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentó Goyeneche contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento.

Ese tribunal sui generis se compone con cuatro magistrados designados en forma interina: los vocales del STJ Leonardo Portela y Jorge Pirovani -este último designado por el alto cuerpo pero que quedará afuera por cuanto el gobernador Gustavo Bordet propone a una mujer, Laura Soage para ocupar ese sillón- y los jueces de juicio Walter Carballo y Susana María Paola Firpo. Los otros cuatro tienen acuerdo constitucional: Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio y Germán Reynaldo Carlomagno, vocales del STJ; y Gervasio Pablo Labriola, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.

A finales de diciembre, el Consejo de la Magistratura convocó, sobre la hora, a sus miembros para designar los jurados técnicos que evaluarían a los postulantes a cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción. Pero la reunión naufragó, y el trámite se suspendió sin tiempo.
Aramberry, en tanto, llevó adelante, junto a Yedro, una de las causas de corrupción de mayor envergadura de los últimos tiempos: la investigación penal sobre los contratos truchos en la Legislatura en la década de 2008 a 2018. El expediente, con pedido de remisión a juicio oral, está en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe resolver una cuestión de competencia.

La resolución N° 166, del 17 de octubre de 2022, firmada por el Procurador García, señala la “necesidad de asistencia específica de recursos humanos especializados para la investigación eficaz de los ´delitos de corrupción´, que es la denominación utilizada por la Convención Interamericana como de Naciones Unidas, y que en nuestra legislación penal se concretan sobre los bienes jurídicos institucionales Administración Pública, Fe Pública y Órden Económico y Financiero y que constituyen prioridad político criminal de este Ministerio Público Fiscal ante la manda convencional y constitucional”.

“Es imprescindible –apunta- la continuidad de los Fiscales Coordinadores y Fiscales que hayan estado a cargo de las causas en trámite, hasta tanto se produzcan los nombramientos a través del Consejo de la Magistratura” en el marco de lo dispuesto por la Ley 11.000 de creación de la Fiscalía Anticorrupción, “y en tanto no se revoque la que entendemos ilegal suspensión de la Sra Procuradora Adjunta Dra Goyeneche”.

Goyenece fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento el 24 de mayo de 2022 tras ser denunciada por mal desempeño por los abogados Carlos Reggiardo y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet en sendas presentaciones. La funcionaria apartada de su cargo apeló el fallo con un recurso de inconstitucionalidad -no está previsto en la ley de jury la apelación a los pronunciamientos del Jurado de Enjuiciamiento- aunque el trámite viene bastante demorado.

Casi sobre la Navidad, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejó conformado el tribunal que deberá resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentó Goyeneche contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento.

Ese tribunal sui generis se compone con cuatro magistrados designados en forma interina: los vocales del STJ Leonardo Portela y Jorge Pirovani -este último designado por el alto cuerpo pero que quedará afuera por cuanto el gobernador Gustavo Bordet propone a una mujer, Laura Soage para ocupar ese sillón- y los jueces de juicio Walter Carballo y Susana María Paola Firpo. Los otros cuatro tienen acuerdo constitucional: Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio y Germán Reynaldo Carlomagno, vocales del STJ; y Gervasio Pablo Labriola, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.

A finales de diciembre, el Consejo de la Magistratura convocó, sobre la hora, a sus miembros para designar los jurados técnicos que evaluarían a los postulantes a cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción. Pero la reunión naufragó, y el trámite se suspendió sin tiempo.

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